El desperdicio alimentario es actualmente una preocupación mundial. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en todo el mundo, se desperdician alrededor de un tercio de los alimentos que se producen. En la Unión Europea, según Eurostat, se desperdiciaron en 2021, más de 58 millones de toneladas. El desperdicio de alimentos en los hogares representó un 54 % del total, 21% pertenece al procesamiento y fabricación, 9% restauración y servicios de alimentos, 9% sector primario de la agricultura y la ganadería; y 7% sectores de distribución de alimentos y la venta minorista.  Ver info

Debido a esto, el Gobierno de España ha elaborado una nueva legislación encaminada a la reducción y mitigación de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Esta Ley establece, por un lado, que todos los agentes intervinientes en el proceso de la cadena alimentaria deben tener un plan de actuación de gestión de residuos y desechos. Con esto, las partes involucradas, se ven forzadas a analizar sus procesos de gestión y producción, identificar dónde se producen la mayoría de los desperdicios y así poder reducirlos y actuar en función de ello.

Por otro lado, instaura una jerarquía de prioridades a la hora de gestionar los excedentes alimentarios. Dicha jerarquía está reconocida a nivel internacional y es impulsada por todos los organismos que apoyan la lucha contra el desperdicio.

1. En primer lugar, se deberá. siempre que se pueda y los productos estén en buen estado, buscar la reutilización para el consumo humano, a través de donación o redistribución de alimentos.
2. En un siguiente nivel, se fomenta que, aquellos productos no vendidos que sean todavía aptos para el consumo humano se transformen en zumos o mermeladas.
3. Una vez los productos ya no sean aptos para el consumo humano, se buscará generar alimento animal y la fabricación de piensos.
4. Finalmente se promueve la producción de compost (abono orgánico) y combustibles biodegradables.

Además, está Ley obliga a los establecimientos de restauración a permitir que la gente se lleve a casa, sin coste adicional, las sobras y alimentos no consumidos en envases que sean reutilizables o fáciles de reciclar.

La entrada en vigor de esta ley supone estar un paso más cerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 e inspira y obliga a los agentes de la cadena a tomar medidas y ser conscientes de la pérdida y el desperdicio que se genera y del impacto que tiene esto en el medio ambiente y en la sociedad.